Urge ley de contratación de obra pública que evite paralización de obras por corrupción

Los escándalos de corrupción en contratación para la ejecución de obras públicas propalados por los medios de comunicación forman parte de la estela de corrupción en el sector construcción que se remonta varios años atrás.

Pasan los gobiernos, pero la corrupción queda, porque está instalada en los organismos del Estado y solo espera a los nuevos administradores para que la maquinaria se active. De ahí que políticos, empresarios y profesionales estén siendo procesados por la justicia.

Ante ello, debemos señalar que los trabajadores, desde hace tiempo, hemos señalado la necesidad de reformular las reglas que permiten la corrupción, siendo urgente una nueva Ley de Contrataciones del Estado, y especialmente de obra pública.

Esta nueva ley debe limitar la discrecionalidad que tienen los funcionarios de optar por un postor amigo, más barato y hasta por sorteo, en vez de optar por las mejores propuestas técnicas, con una equivalencia entre calidad y precio.

Se calcula que un 40% de procesos de contratación de obras que se convocan terminan anulados o desiertos, y las obras que se ejecutan se paralizan, comúnmente, por fallas en el expediente técnico, falta de presupuesto, corrupción, entre otras razones. Por ello, hay 1770 obras estancadas este 2023, con una inversión que supera los 12 mil millones de soles, de acuerdo a la Contraloría General de la República.

Y esta paralización de obras se puede corroborar con el PBI del sector construcción, que ha caído en 9.8% el primer cuatrimestre de 2023 en comparación con 2022. Es una clara señal del retroceso que ha habido durante este gobierno, lo que genera desempleo y desazón de millones de peruanos que ven afectados sus proyectos de vida por falta de trabajo y oportunidades.

Debemos reactivar la construcción, y para ello se necesita reglas claras para evitar la paralización, mayor inversión pública con asistencia técnica para su ejecución y condiciones para la inversión privada.

Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general FTCCP