Balance del año y perspectivas

Por, MARIO HUAMÁN RIVERA. 

 

Durante el primer tramo del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski los derechos laborales continuaron siendo vulnerados; con la excusa de una simplificación administrativa se han dictado medidas sin consultar a los directos perjudicados, que son los trabajadores.

 

Por otro lado, conocemos algunos planes del Ministerio de Trabajo para flexibilizar las normas de contratación de trabajadores y las medidas para aprobar los Reglamentos Internos de las empresas, lo que significa profundizar más el desequilibrio en las relaciones laborales, menor capacidad de defensa para los trabajadores y recortar derechos para facilitarles ganancias a los empresarios a costa de la sobreexplotación al trabajador. Al final, el trabajador paga al empresario lo que el empresario no puede generar haciendo empresa.

 

En materia de relaciones colectivas, se simplifican los trámites para los empresarios, pero se pretende exigir notarios para los actos como asambleas sindicales, cambio de Estatuto y aprobación de huelga. Ello, al margen de limitar el arbitraje potestativo hasta casi eliminarlo. Se están eliminando espacios de diálogo social emitiendo normativas que aparentemente han sido consultadas solo con el empresariado y limita vías válidas de resolución de conflicto, al margen de desincentivar la negociación colectiva.

 

Esta política laboral absurda continúa, en contra de las promesas de campaña electoral refrendadas por Pedro Pablo Kuczynski, como el aumento de la remuneración mínima vital y el respeto a la libertad sindical; son promesas desplazadas por una tecnocracia neoliberal que proviene de la gran empresa y que ha tomado el control del Gabinete en pleno. Por ello, se están despidiendo y hostigando a los trabajadores solo por el hecho de inscribirse en un sindicato.

 

Recientemente, el Ejecutivo ha observado la ley que pasaría a los trabajadores CAS de EsSalud al régimen del Decreto Legislativo 728, impidiéndole así a más de 12,000 trabajadores gozar de todos sus beneficios laborales.

 

Ha habido crecimiento económico, las empresas continúan expandiéndose, pero esto no redunda en mejores condiciones salariales para la mano de obra. En el sector agroindustrial, por ejemplo, cuesta creer que en 20 años los empresarios se hayan vuelto más ricos, pero los trabajadores todavía sufren un régimen especial nefasto que no corresponde a la realidad de sus ganancias.

 

El último proceso electoral mostró que existe en el país un profundo anhelo de cambio. Como expresión de ello, hubo un despliegue de propuestas reformistas y de izquierda cuyo mayor referente fue la candidatura de Verónika Mendoza. No obstante, también debe mencionarse que los nuevos sectores populares de las urbes apoyaron a propuestas como las de PPK o el fujimorismo. ¿Por qué?

 

Una hipótesis es que en las últimas décadas se ha producido un alejamiento entre los sectores políticos progresistas y una gran mayoría del pueblo. Por ejemplo: para muchos ciudadanos de los sectores populares la delincuencia no es solo un “problema social” que deriva de la desigualdad o la falta de oportunidades, sino que además puede marcar la diferencia entre llegar o no, con vida, a fin de mes. De allí que las propuestas de “mano dura” sean tan populares, a pesar que ello no resuelve las causas reales del incremento de la inseguridad.

 

Estos discursos efectistas, aunados a la división de las opciones de izquierda, generaron una segunda vuelta en la que compitieron dos proyectos de claro talante neoliberal. No obstante, en la misma contienda el fujimorismo apareció muy vinculado a la corrupción y el narcotráfico, mientras que PPK se acercó voluntariamente a la sociedad civil organizada; de allí que la elección se definiera en términos de fujimorismo vs. antifujimorismo.

 

Sin embargo, el nuevo gobierno de PPK mostró rápidamente que su estrategia real es gobernar en favor de los grandes capitales. Con la excusa de “formalizar”, el Ejecutivo ha aprobado de forma autoritaria y unilateral una serie de medidas que atentan contra los derechos laborales. Asimismo, el MEF en lugar de plantear una agenda de reforma tributaria que permita elevar el presupuesto de sectores como salud y educación, ha priorizado un ajuste fiscal que perjudica el crecimiento económico.

 

El escenario es inestable, dado que el Parlamento de mayoría fujimorista ha tenido varias fricciones con PPK. De allí que resulte obvio que el Ejecutivo busque foros alternativos de deliberación y legitimidad, como el Acuerdo Nacional. La CGTP participará de este último exigiendo un diálogo con resultados. No es democrático que se siga gobernando de espaldas a los trabajadores y el pueblo. Es necesario centrar el debate nacional en la generación de empleo digno con derechos, donde sean los salarios los que dinamicen el conjunto de la economía.

 

Hace 24 años, durante la dictadura fujimorista, fue asesinado el líder sindical Pedro Huilca Tecse, quien enfrentó al Gobierno por implantar la flexibilización laboral neoliberal. La dictadura fujimorista creyó que con ello acallarían la voz de los trabajadores. Sin embargo, desde entonces hemos seguido dando duras batallas, fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales, y seguiremos haciéndolo para defender los derechos laborales, desde todos los frentes posibles. El 2017 será el inicio de un nuevo ciclo de justificadas protestas y movilizaciones en defensa de una verdadera democracia con justicia social.