Exitosa marcha contra la corrupción

 

El jueves 16 de febrero se realizó una masiva movilización a nivel nacional e internacional en defensa de la integridad de la patria y en contra de la corrupción. En una jornada cívica muy importante, mujeres, jóvenes, trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general expresaron su rechazo a las prácticas corruptas de funcionarios y empresarios que se enriquecen, traicionando la confianza pública.

 

La movilización fue nacional, pues, además de Lima, se realizaron actividades similares en las principales ciudades del país, los peruanos y peruanas nos pusimos de pie.

 

Con esta jornada se inicia la lucha por liberar a la patria de estas redes de corrupción millonaria que carcomen la fuerza y legitimidad de la República. Debemos enfrentarnos a los grandes empresarios e intereses privados que controlan el Estado, sobornando, rompiendo manos o poniendo a “sus” funcionarios en puestos claves para beneficiarse de obras, regulaciones, recorte de derechos laborales etc. Esta ha sido solo la primera de muchas movilizaciones.

 

Gerónimo López Sevillano secretario general de la GTCP encabezó la marcha, convocada por la central mariateguista, contra la corrupción y la impunidad

 

Hay que recordar que esta forma moderna de corrupción se inicia en el gobierno de Fujimori y coincide con la implantación del modelo neoliberal. Luego ha continuado en todos los demás gobiernos, con la honrosa excepción del gobierno de transición de Valentín Paniagua. Por eso, si bien consideramos saludable que actualmente haya un esfuerzo por hacer que Toledo enfrente los cargos que hay en su contra, los trabajadores creemos necesario se investigue a Ollanta y al propio presidente PPK, pero especialmente a Alan García, uno de los principales políticos envuelto en acusaciones de corrupción a gran escala. No podemos tolerar la impunidad. La justicia debe ser implacable, caiga quien caiga.

 

Si bien entendemos que el problema fundamental es el excesivo poder del sector empresarial frente al Estado y los funcionarios, existen reformas institucionales que podrían controlar los escandalosos niveles de corrupción a los cuales hemos llegado: que se aplique de inmediato la muerte civil de los funcionarios corruptos, el levantamiento del secreto bancario de todos los funcionarios acusados de corrupción, que se modifique sustancialmente el modelo de contrataciones del Estado y que se defina un límite razonable a las famosas adendas que son el medio para inflar precios y obtener coimas.

 

El Poder Judicial, Contraloría y el Ministerio Público deben ser las instituciones que se encarguen de vigilar, investigar y perseguir a los funcionarios corruptos. Pero también se requiere de mecanismos ciudadanos como un Observatorio que vigile desde la sociedad civil tanto a funcionarios del Estado como a altos directivos de las corporaciones que buscan acceder a licitaciones mediante sobornos y coimas.

 

Por Mario Huamán Rivera. Diario UNO , febrero 18, 2017