El Sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil de Huánuco, en las calles. 

 

 

El combativo sindicato de Yurimaguas presente en la jornada del 11 de enero.

 

 Por Mario Huamán Rivera

 Secretario general de la FTCCP

 

El 11 de enero cientos de miles de ciudadanos se movilizaron en las principales ciudades del país para expresar su rechazo al Gobierno actual y contra el indulto del exdictador Alberto Fujimori.

 

Con retraso, ha juramentado un “parchado” Gabinete Aráoz, con algunas incorporaciones de técnicos de segunda línea vinculados al Partido Aprista. Un ministro tiene una sentencia por corrupción y eso dice mucho de la carencia de cuadros técnicos solventes en el actual Gobierno.

 

El gabinete unifica los intereses de personajes del poder político y económico involucrados en la corrupción, que pugnan por la impunidad. El nuevo Gabinete Aráoz tiene como tarea central hacer todo lo que los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP vienen exigiendo: más desregulación, más flexibilidad laboral y menos impuestos para los ricos.

 

La designación de Javier Barreda como ministro de Trabajo, a pocos días de que expresara su rechazo al indulto de un “Gobierno incapaz”, es la muestra más clara de la crisis política y moral del Partido Aprista.

 

Los trabajadores tenemos memoria y recordamos que las gestiones de los funcionarios apristas en los ministerios resultan perjudiciales para los trabajadores y el pueblo peruano. La expulsión que ha dictado Alan García contra Barreda y Salinas sirve solo como un ritual para los medios y las redes sociales. Lo real es que con los dos funcionarios estamos frente al regreso de los apristas a los puestos principales en los ministerios de Trabajo y Salud, además de contar con los ministros de Educación y de Justicia; es decir, el APRA cogobierna con PPK, aplicando la táctica de la escopeta de dos cañones.

 

El fujimorismo se encuentra inmerso en discusiones internas, alrededor de candidaturas personales, pues tanto Keiko como Kenji pretenden ser candidatos presidenciales. Y detrás de ellos aparecen personajes con prontuarios acusados de corrupción, narcotráfico, entre otros delitos.

 

Cuando la mitad del país rechaza el indulto y el pacto de PPK con el fujimorismo, el Gobierno no puede decir que estamos en un año de reconciliación. Los trabajadores sabemos que el 2018 será un año de lucha contra la impunidad y la radicalización de las políticas neoliberales.

 

(Publicado por Diario Uno, 12 de enero 2018)

 

 

En horas de la tarde del 05/01/17 se reunió el 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐡𝐚 (𝐂𝐍𝐔𝐋) y se personalizaron las responsabilidades delegadas por las respectivas organizaciones sindicales, políticas y sociales tanto en su dirección política como en sus comisiones operativas, “ratificando su voluntad de lucha contra la corrupción, la impunidad y el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori así como se exige, nueva Constitución Política y nuevas elecciones generales”, declaró Gerónimo López Sevillano, Secretario General de la CGTP.

 

Las tareas inmediatas más importantes en Lima Metropolitana son las siguientes:

 

1.- Conferencia de Prensa a realizarse el martes 9 de enero a horas 11:00 a.m. en la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ubicado en Plaza 2 de Mayo N° 4, Lima Cercado.

 

2.- Asamblea Ampliada con las diversas organizaciones participantes en la Jornada Nacional de Protesta, el mismo día martes 9 de enero a horas 5:00 p.m. en el auditorio del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú ubicado en Av. Uruguay 335 Lima Cercado.

 

3.- La concentración en Lima, de las organizaciones y ciudadanos participantes en la Jornada Nacional de Protesta será en Campo de Marte, en el distrito de Jesús María a horas 3:00 p.m. para desplazarse por las principales calles de la ciudad y llegar a la Plaza 2 de mayo, Cercado de Lima, donde se realizará un grandioso mitin de protesta.

 

Las comisiones de Organización, de Defensa Legal, de Prensa y Comunicaciones, de Economía, de Seguridad, de Arte y Cultura vienen coordinando sus tareas correspondientes.

 

Lima 5 enero 2018.

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES CGTP

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO

 

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) expresa su profunda indignación en contra del indulto y la gracia presidencial otorgada por Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el caso de las matanzas de la Universidad La Cantuta y Barrios Altos; de la misma manera por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, frustrándose también los nuevos procesos abiertos por los asesinatos de Pativilca.

 

El indulto y la gracia presidencial se han otorgado de manera amañada a través de un pacto político con un sector del fujimorismo para evitar la vacancia del presidente por el Congreso de la República.

 

El indulto viciado, que se tramitó en sólo 13 días, está inmerso en un contexto de impunidad y corrupción por el caso de ODEBRETCH, en la que el presidente de la República se encontraría muy comprometido, junto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; el expresidente aprista Alan García, y altos funcionarios del Estado. La alianza de los corruptos constituye una felonía contra el Perú.

 

El presidente Kuczynski ha defraudado al pueblo peruano, que lo apoyó para derrotar al fujimorismo en las elecciones pasadas. Hoy, miembros importantes de su bancada y exministros han renunciado y expresado su disconformidad con el indulto.

 

La FTCCP se solidariza con los deudos de la Cantuta y Barrios Altos, igualmente con las familias de Pativilca y todas las víctimas de la dictadura. Los trabajadores de construcción civil no olvidaremos el brutal asesinato de nuestro dirigente Pedro Huilca Tecse, por el grupo Colina del SIN dirigido por Vladimiro Montesinos y con el aval del dictador Alberto Fujimori.

 

La conducta inmoral de PPK para garantizar la impunidad de la corrupción merece nuestra condena; el pueblo organizado, en las calles, exigirá que dé un paso al costado para recuperar la dignidad de la presidencia de la República.

 

Finalmente, respaldamos las movilizaciones de la CGTP y de las organizaciones políticas y sociales que rechazan el “indulto negociado” y exigen que las investigaciones del caso Lava Jato descubran a los corruptos ¡caiga quien caiga!

 

Lima, 28 de diciembre de 2017

 

Secretariado Ejecutivo de la FTCCP

 

Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio

El Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio que integran cuatro entidades representativas de trabajadores, profesionales y empresarios del sector construcción, cumple con el deber de hacer llegar su posición institucional sobre la coyuntura crítica que vive nuestro país, como consecuencia del llamado caso “Lavajato”.

Como fue anticipado en el pronunciamiento publicado por el Consejo Permanente el 8 de febrero del presente año, estos deplorables hechos han terminado “perjudicando gravemente nuestra economía, afectando las condiciones de vida de los ciudadanos” y “vulnerando la institucionalidad democrática de nuestro país”.

Los hechos recientes vinculados a este caso, en especial el proceso iniciado por el Congreso Nacional para provocar la vacancia del presidente de la República, han dejado en evidencia que el accionar de esta red delictiva ha trascendido el ámbito de la construcción y se ha extendido a los poderes públicos, poniendo en peligro la vigencia de garantías constitucionales fundamentales y la aplicación de criterios idóneos de justicia.

El Consejo Permanente invoca a los Poderes del Estado a actuar con la mayor diligencia y serenidad, a fin de determinar la responsabilidad de quienes hubiesen cometido delitos y de imponer las sanciones que corresponda, siguiendo procesos de investigación que se ciñan escrupulosamente al debido proceso, que respeten la independencia de cada instancia política o jurisdiccional y que garanticen el derecho a la defensa en cualquier circunstancia.

El Consejo exhorta a todos los actores públicos y privados a desarrollar el máximo esfuerzo para que, sea cual fuere el desenlace de estos procesos de investigación, se asegure la continuidad y legitimidad de nuestra institucionalidad democrática, condición fundamental para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y la preservación de la paz social en nuestro país.

Asimismo, el Consejo Permanente considera urgente establecer un espacio de diálogo entre las agrupaciones políticas y las entidades representativas de la sociedad, con la finalidad de consensuar las acciones a emprender para fortalecer la institucionalidad democrática, impulsar el desarrollo económico y el bienestar de la población peruana, así como promover la integridad en las relaciones entre el Estado, los agentes económicos y los ciudadanos.

Las instituciones que integran el Consejo Permanente se comprometen a participar en toda iniciativa tendiente a la concreción de este espacio de diálogo, y a presentar propuestas conjuntas para contribuir al logro de los importantes objetivos que se espera alcanzar a través de esta instancia.

En esa línea, el Consejo Permanente hace de conocimiento público que se encuentra trabajando un Pacto por la Ética en la Actividad Constructora, que involucre a los agentes estatales y particulares y establezca principios, compromisos e iniciativas destinados a proveer una construcción más segura, más competitiva y mejor orientada a la búsqueda del bien común.

Es evidente que estos hechos de corrupción ponen a prueba la capacidad de los peruanos para encarar decididamente las transformaciones institucionales, legales y éticas indispensables para hacer realidad el anhelo de vivir en un país en el que las relaciones políticas, sociales y económicas se rijan por la integridad, la transparencia y la solidaridad. Creemos, sin embargo, que la gravedad de la situación actual nos exige estar a la altura del desafío.

Lima, 20 de diciembre del 2017

 

Arturo Yep Abanto                                         Jorge Alva Hurtado

Decano Nacional                                           Decano Nacional

Colegio de Arquitectos del Perú               Colegio de Ingenieros del Perú                 

 

Mario Huamán Rivera                                   Enrique Espinosa Becerra

Secretario General                                        Presidente del Consejo Directivo

Federación de Trabajadores en                 Cámara Peruana de la Construcción

Construcción Civil del Perú

Los Magistrados Supremos integrantes de la Primera y la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, durante su VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional, realizado los días 18 de setiembre y 2 de octubre de 2017 en la ciudad de Lima, ha tomado importantes acuerdos en materia laboral y previsional que favorecen a los trabajadores; uno de ellos corresponde a la demanda solicitada por la FTCCP, que resuelve la controversia con las entidades públicas frente al régimen laboral especial de construcción civil.

Así, los Magistrados Supremos concluyen que:

 

“Cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la modalidad de administración directa, a los trabajadores obreros contratados para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el régimen laboral especial de construcción civil.

 

Este criterio será aplicable siempre que se trate de un proyecto de obra de construcción de carácter eventual.

 

En el caso de obras menores de naturaleza permanente, corresponde a los trabajadores obreros el régimen laboral común de la actividad privada.”

 

 

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