La FTCCP y la CGTP Perú convocan a los trabajadores en construcción civil y población en general de todo el país a la Gran Movilización Nacional “QUE SE VAYAN TODOS”, que se realizará el 30 de enero contra la corrupción y el ilegal indulto a Alberto Fujimori.

Preconcentración en Lima: Plaza Dos de Mayo, desde las 4.30 p.m.

 

 

600 trabajadores son los perjudicados, hasta la fecha, en Puno.

 

 Obreros de construcción civil denuncian que la Empresa CyM (Constructores y Mineros) tiene 200 trabajadores sin pago en la Central Hidroeléctrica Ángel I, II y III (Puno) y otros 400 despedidos que reclaman su salarios y beneficios sociales, luego de ser despedidos. 

Advierten que la empresa despide obreros sin pagarles sus salarios y beneficios sociales, y luego contrata a otros obreros que siguen el mismo destino, para así continuar con una cadena de explotación que ya ha perjudicado a 600 trabajadores de construcción civil hasta la fecha.

 

Por ello, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) hace un llamado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la SUNAFIL, la, el Ministerio de Energía y Minas, y demás autoridades competentes, a fiscalizar a esta empresa que incumple con las leyes del Estado. 19/01/2018

 

Nuevamente los sindicatos bases de la FTCCP de la Región de Apurímac estarán

presentes en la movilización del 30 de enero.

 

 

Por Mario Huamán Rivera

Secretario general de la FTCCP

 

Esta semana tenemos la visita del Papa Francisco a nuestro país. La mayoría del país y un sector muy importante de los trabajadores peruanos profesa la religión católica, por lo que dicha visita es un motivo de alegría para los católicos. Al mismo tiempo, se trata de un hecho político que busca ser utilizado por el Gobierno para resolver la actual crisis desatada por el indulto al dictador Fujimori. La Iglesia Católica no puede prestarse para un uso político de su mensaje religioso.

 

Las movilizaciones que se han venido desarrollando en el presente mes están acumulando el descontento y la indignación de la ciudadanía por dicho indulto.

 

El mérito de las fuerzas sociales y políticas ha sido recuperar espacios de unidad alrededor del Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), formado a instancias de la CGTP. En este proceso, es necesario fortalecer los espacios de encuentro y unidad social y política. No es momento para disputas o divisiones entre las fuerzas progresistas y democráticas.

 

La situación postindulto no es de estabilidad, sino de crisis política. La recomposición del Gabinete Aráoz se ha realizado con funcionarios de segunda línea sin peso propio. El Gobierno de PPK se encuentra más aislado que nunca.

 

La derecha fujimorista está dividida en torno al liderazgo de Keiko y Kenji, pero se mantiene unida en la defensa del programa neoliberal. Las pugnas internas en el fujimorismo expresan las ambiciones personales de sus principales representantes y al mismo tiempo buscan establecer un pacto de impunidad ante el avance de las investigaciones de corrupción y narcotráfico.

 

En este contexto, hay que seguir organizando y movilizando a los sectores populares para que el rechazo al indulto sea permanente.

 

La Jornada Nacional de Protesta del pasado 11 de enero ha marcado claramente la directriz de insistir desde la movilización popular la lucha por la dimisión del Gobierno, la convocatoria a nuevas elecciones y la construcción de una nueva Constitución política que permita un reordenamiento del país, dejando fuera de acción a los corruptos y explotadores.

 

Por ello, la CGTP ha convocado a sus bases en todo el país a organizarse y participar en la Movilización Nacional “Que se vayan todos” que se realizará el próximo 30 de enero. En Lima, la concentración es en la Plaza Dos de Mayo, a las 4.30 p.m.

 

(Publicado por Diario Uno, 19 de enero 2018)

 

El Sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil de Huánuco, en las calles. 

 

 

El combativo sindicato de Yurimaguas presente en la jornada del 11 de enero.

 

 Por Mario Huamán Rivera

 Secretario general de la FTCCP

 

El 11 de enero cientos de miles de ciudadanos se movilizaron en las principales ciudades del país para expresar su rechazo al Gobierno actual y contra el indulto del exdictador Alberto Fujimori.

 

Con retraso, ha juramentado un “parchado” Gabinete Aráoz, con algunas incorporaciones de técnicos de segunda línea vinculados al Partido Aprista. Un ministro tiene una sentencia por corrupción y eso dice mucho de la carencia de cuadros técnicos solventes en el actual Gobierno.

 

El gabinete unifica los intereses de personajes del poder político y económico involucrados en la corrupción, que pugnan por la impunidad. El nuevo Gabinete Aráoz tiene como tarea central hacer todo lo que los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP vienen exigiendo: más desregulación, más flexibilidad laboral y menos impuestos para los ricos.

 

La designación de Javier Barreda como ministro de Trabajo, a pocos días de que expresara su rechazo al indulto de un “Gobierno incapaz”, es la muestra más clara de la crisis política y moral del Partido Aprista.

 

Los trabajadores tenemos memoria y recordamos que las gestiones de los funcionarios apristas en los ministerios resultan perjudiciales para los trabajadores y el pueblo peruano. La expulsión que ha dictado Alan García contra Barreda y Salinas sirve solo como un ritual para los medios y las redes sociales. Lo real es que con los dos funcionarios estamos frente al regreso de los apristas a los puestos principales en los ministerios de Trabajo y Salud, además de contar con los ministros de Educación y de Justicia; es decir, el APRA cogobierna con PPK, aplicando la táctica de la escopeta de dos cañones.

 

El fujimorismo se encuentra inmerso en discusiones internas, alrededor de candidaturas personales, pues tanto Keiko como Kenji pretenden ser candidatos presidenciales. Y detrás de ellos aparecen personajes con prontuarios acusados de corrupción, narcotráfico, entre otros delitos.

 

Cuando la mitad del país rechaza el indulto y el pacto de PPK con el fujimorismo, el Gobierno no puede decir que estamos en un año de reconciliación. Los trabajadores sabemos que el 2018 será un año de lucha contra la impunidad y la radicalización de las políticas neoliberales.

 

(Publicado por Diario Uno, 12 de enero 2018)

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