Por, MARIO HUAMÁN RIVERA. 

 

Durante el primer tramo del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski los derechos laborales continuaron siendo vulnerados; con la excusa de una simplificación administrativa se han dictado medidas sin consultar a los directos perjudicados, que son los trabajadores.

 

Por otro lado, conocemos algunos planes del Ministerio de Trabajo para flexibilizar las normas de contratación de trabajadores y las medidas para aprobar los Reglamentos Internos de las empresas, lo que significa profundizar más el desequilibrio en las relaciones laborales, menor capacidad de defensa para los trabajadores y recortar derechos para facilitarles ganancias a los empresarios a costa de la sobreexplotación al trabajador. Al final, el trabajador paga al empresario lo que el empresario no puede generar haciendo empresa.

 

En materia de relaciones colectivas, se simplifican los trámites para los empresarios, pero se pretende exigir notarios para los actos como asambleas sindicales, cambio de Estatuto y aprobación de huelga. Ello, al margen de limitar el arbitraje potestativo hasta casi eliminarlo. Se están eliminando espacios de diálogo social emitiendo normativas que aparentemente han sido consultadas solo con el empresariado y limita vías válidas de resolución de conflicto, al margen de desincentivar la negociación colectiva.

 

Esta política laboral absurda continúa, en contra de las promesas de campaña electoral refrendadas por Pedro Pablo Kuczynski, como el aumento de la remuneración mínima vital y el respeto a la libertad sindical; son promesas desplazadas por una tecnocracia neoliberal que proviene de la gran empresa y que ha tomado el control del Gabinete en pleno. Por ello, se están despidiendo y hostigando a los trabajadores solo por el hecho de inscribirse en un sindicato.

 

Recientemente, el Ejecutivo ha observado la ley que pasaría a los trabajadores CAS de EsSalud al régimen del Decreto Legislativo 728, impidiéndole así a más de 12,000 trabajadores gozar de todos sus beneficios laborales.

 

Ha habido crecimiento económico, las empresas continúan expandiéndose, pero esto no redunda en mejores condiciones salariales para la mano de obra. En el sector agroindustrial, por ejemplo, cuesta creer que en 20 años los empresarios se hayan vuelto más ricos, pero los trabajadores todavía sufren un régimen especial nefasto que no corresponde a la realidad de sus ganancias.

 

El último proceso electoral mostró que existe en el país un profundo anhelo de cambio. Como expresión de ello, hubo un despliegue de propuestas reformistas y de izquierda cuyo mayor referente fue la candidatura de Verónika Mendoza. No obstante, también debe mencionarse que los nuevos sectores populares de las urbes apoyaron a propuestas como las de PPK o el fujimorismo. ¿Por qué?

 

Una hipótesis es que en las últimas décadas se ha producido un alejamiento entre los sectores políticos progresistas y una gran mayoría del pueblo. Por ejemplo: para muchos ciudadanos de los sectores populares la delincuencia no es solo un “problema social” que deriva de la desigualdad o la falta de oportunidades, sino que además puede marcar la diferencia entre llegar o no, con vida, a fin de mes. De allí que las propuestas de “mano dura” sean tan populares, a pesar que ello no resuelve las causas reales del incremento de la inseguridad.

 

Estos discursos efectistas, aunados a la división de las opciones de izquierda, generaron una segunda vuelta en la que compitieron dos proyectos de claro talante neoliberal. No obstante, en la misma contienda el fujimorismo apareció muy vinculado a la corrupción y el narcotráfico, mientras que PPK se acercó voluntariamente a la sociedad civil organizada; de allí que la elección se definiera en términos de fujimorismo vs. antifujimorismo.

 

Sin embargo, el nuevo gobierno de PPK mostró rápidamente que su estrategia real es gobernar en favor de los grandes capitales. Con la excusa de “formalizar”, el Ejecutivo ha aprobado de forma autoritaria y unilateral una serie de medidas que atentan contra los derechos laborales. Asimismo, el MEF en lugar de plantear una agenda de reforma tributaria que permita elevar el presupuesto de sectores como salud y educación, ha priorizado un ajuste fiscal que perjudica el crecimiento económico.

 

El escenario es inestable, dado que el Parlamento de mayoría fujimorista ha tenido varias fricciones con PPK. De allí que resulte obvio que el Ejecutivo busque foros alternativos de deliberación y legitimidad, como el Acuerdo Nacional. La CGTP participará de este último exigiendo un diálogo con resultados. No es democrático que se siga gobernando de espaldas a los trabajadores y el pueblo. Es necesario centrar el debate nacional en la generación de empleo digno con derechos, donde sean los salarios los que dinamicen el conjunto de la economía.

 

Hace 24 años, durante la dictadura fujimorista, fue asesinado el líder sindical Pedro Huilca Tecse, quien enfrentó al Gobierno por implantar la flexibilización laboral neoliberal. La dictadura fujimorista creyó que con ello acallarían la voz de los trabajadores. Sin embargo, desde entonces hemos seguido dando duras batallas, fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales, y seguiremos haciéndolo para defender los derechos laborales, desde todos los frentes posibles. El 2017 será el inicio de un nuevo ciclo de justificadas protestas y movilizaciones en defensa de una verdadera democracia con justicia social.

 

 

Por, Mario Huamán Rivera  

 

El fujimorismo es una posibilidad desde que el primer ministro, Fernando Zavala, asistió al Congreso para alabar el gobierno de Alberto Fujimori, resaltando avances económicos, pero omitiendo los crímenes de lesa humanidad que lo llevaron a la cárcel y los robos millonarios de Fujimori, Montesinos y asociados.

 

Desde entonces, a los buenos modales de la bancada de Peruanos Por el Kambio, los fujimoristas respondieron con la rabia de una derrota no asimilada y la ausencia de una lideresa que prefiere manejar los hilos del poder vía chat.

 

El “plan de gobierno” de Fujimori se ejecuta desde el Congreso, y esto se visualizó con el secuestro en su partido (con una ley de transfuguismo) de Yeni Vilcatoma. El estilo matón con el que se actúa en la bancada naranja lo reveló ella misma a la prensa: “Becerril me encerró, me gritó y casi me agrede físicamente”.

 

Esa misma actitud matonesca ha mostrado el congresista Becerril tras el endeble mensaje presidencial, señalando que de todas maneras votarían por la censura al ministro Jaime Saavedra, quien promueve una reforma por la calidad de la educación, acabando con el negociado de las universidades bamba del que usufructúa la coalición Apra-Fuerza Popular. Y la censura se concretó.

 

La derecha conservadora representada por la alianza fujiaprista busca debilitar al Gobierno de PPK, imponerle condiciones y dictarle medidas que respondan a sus intereses particulares. Es un ejercicio de intolerancia y autoritarismo. No existe un “fujimorismo democrático” ni renovado. El fujimorismo es antidemocrático por definición, y es sinónimo de corrupción y asesinatos. No olvidemos que el Grupo Colina asesinó, el 18 de diciembre de 1992, a Pedro Huilca Tecse, secretario general de la CGTP, que se opuso a la dictadura.

 

La protesta pacífica #TomaLaCalle del lunes pasado ha manifestado el repudio a la coacción fujimorista, a quienes extorsionan al Gobierno para conseguir cupos y prebendas en los poderes del Estado, incluyendo el Ministerio de Educación.

 

PPK debió asimilar que la marcha fue una llamada de atención a la forma excesivamente blanda con que encara la arremetida de la bancada naranja (propio de “pusilánimes”, en palabras de Rosa María Palacios).

 

La ciudadanía que salió a votar contra el fujimorismo, quienes se pronunciaron en contra de una nueva dictadura, los que lo llevaron al sillón presidencial, son quienes salieron a marchar mostrando que estamos en pie de lucha para evitar que se ejerza una dictadura desde el Congreso.

 

Pero PPK ha optado por no enfrentar el problema. Su llamado a la reflexión y el diálogo no será escuchado por la bancada fujimorista. La democracia requiere defensores reales y convencidos; si no están en el Ejecutivo, será el pueblo en las calles quien defienda la democracia. (Diario UNO diciembre 16, 2016)

El 6 de diciembre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y los Colegios profesionales de Ingeniería y Arquitectura organizan el foro “El sector construcción y la violencia en obras. Hacia una política integral”, donde se expondrá el problema de la violencia en obras ejercida por bandas y la estrategia integral para combatir esta violencia.

 

La FTCCP ha venido proponiendo la depuración de los registros oficiales a los seudo-sindicatos y a falsos trabajadores de construcción civil, así como el fortalecimiento de la acción de la División de Protección de Obras de Construcción (DIVPROC).

 

Las exposiciones versarán sobre los siguientes aspectos:

 

-       NUEVA POLÍTICA NACIONAL VIVIENDA

Expositor: ing. EDMER TRUJILLO MORI.

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

 

-       LA VIOLENCIA EN OBRA

Expositor: LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

Secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.

 

-       ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA EN OBRAS

DE CONSTRUCCIÓN

Expositor: GUIDO VALDIVIA RODRIGUEZ

Director Ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción.

 

-       ACCIONES DE FISCALIZACION, CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES REGISTRO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

ALFONSO GRADOS CARRARO

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

 

-       MEDIDAS Y PLAN SECTORIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN OBRAS

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS

Ministro del Interior

 

Por Resolución Suprema N° 017-2016-VIVIENDA se constituyó la Comisión Consultiva del Sector Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, en esta comisión la FTCCP es parte integrante.

 

La Comisión Consultiva fue instalada por el Ministro de Vivienda, el martes 29 de noviembre en las instalaciones del Hotel Marriot. Estuvieron presentes el Ministro de Vivienda Saneamiento y Construcción, la Viceministra de Saneamiento, el Viceministro de Vivienda y Construcción, el Alcalde Benavides por el AMPE, los Decanos Nacionales del Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos y la FTCCP.

 

La Comisión Consultiva de Vivienda y Urbanismo, tendrá como misión absolver consultas y emitir opinión en temas de política y de competencia del Sector, así como promover el diálogo entre el Estado y la sociedad.

Subcategorías