CGTP ACLARA A CTP

 Dirigente nacional cegetepista Luis Villanueva rechaza versión dada por los líderes de la CTP para justificar violencia en el sector construcción.

Luis Villanueva Carbajal, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), precisó ayer que "no hay ninguna ley que obligue a las centrales sindicales a afiliar a delincuentes prontuariados", como afirmó en la víspera el ex senador aprista Benigno Chirinos, presidente de la CTP, para justificar la violencia desatada por ex convictos en el gremio de construcción civil.

Villanueva lamentó que el máximo líder de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) busque desinformar a la opinión pública proporcionando información falsa.

"El decreto supremo al que hace referencia el señor Chirinos fue dado el 3 de octubre de 1928 y no en la década del 40 como lo afirmó. Se trata de una norma que recomienda a las constructoras contratar a algunos ex reclusos, en el marco de la política de resocialización impulsada por el Estado", subrayó el dirigente.

Villanueva Carbajal, quien también es secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), aclaró no estar en contra del derecho a trabajar que tienen las personas que purgaron prisión. "El problema es que muchos de ellos no ingresan al sector a laborar sino a delinquir", añadió.

130 mil afiliados

Explicó que el decreto supremo vigente desde 1928 no obliga a los sindicatos ni a las centrales laborales a afiliar a prontuariados y menos, aún, a otorgarles cargos dirigenciales.

La FTCCP, según Villanueva, tiene registrados a 130 mil obreros, integrantes de 165 sindicatos de construcción debidamente reconocidos por el Ministerio de Trabajo.

"Nuestros registros no son secretos. Se lo proporcionamos a las autoridades para que nos alerten ante un eventual infiltrado", indicó.

Sostuvo, asimismo, que debido a la permanente fiscalización a la que someten a sus miembros han logrado depurar a malos trabajadores en Chanchamayo, Chincha, Huaral, Piura y Lima.

Lamentó que algunos malos elementos –como Vicente Aponte Núñez, quien fue expulsado de la CGTP en el 2007 por liderar una banda de extorsionadores– hayan sido acogidos después por la CTP de tendencia aprista.

Para Luis Villanueva Carbajal no es tiempo de lamentos. En ese sentido, expresó que es necesario trabajar con las autoridades si se busca acabar con las extorsiones y el sicariato en el sector construcción.

Informó que como gremio han logrado en el 2012 la formación de una Comisión Multisectorial para monitorear la problemática que afrontan. También han impulsado la creación del Registro Único de Trabajadores, a fin de saber quiénes son para depurar a los infiltrados.

Igualmente, dijo, consiguieron que la policía constituya la Dirección de Protección de Obras Civiles, con alcance nacional.

Bandas

Miembros de 71 sindicatos, muchos de ellos afiliados a la CTP, están involucrados en extorsiones y sicariato, según la policía.

El ex vicepresidente de esa central sindical Carlos Roncagliolo Gutiérrez (a) 'Colchón' está preso en Piedras Gordas por extorsión. (La República) 23/7/2014

A través de central aprista CTP les dio licencia para infiltrarse en construcción civil, denuncia Mario Huamán.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, dijo a este diario que el último gobierno de Alan García fue quien legitimó y dio licencia a los seudosindicatos que son fachada para extorsionadores y sicarios, a través de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), de filiación aprista, los mismos que asesinaron al periodista Humberto Tasayco Lévano.

Tasayco fue asesinado en Ica el 3 de abril del año pasado por denunciar, a través de la revista Canta Claro, a las mafias de extorsionadores de construcción civil. Sus victimarios fueron los delincuentes César Franco Aguilar (a) “Finito” y Jorge Anchante Gutiérrez (a) “La Máquina”, quienes eran miembros activos de la CTP y del sindicato “La Comunidad Chinchana”.

“Debemos recordar que muchos prontuariados de la CTP se reunieron con Alan García en setiembre del 2008 en Palacio de Gobierno, y luego obtuvieron facilidades escandalosas para lograr un registro sindical y así ocultar sus acciones delictivas. Por estas razones, estamos solicitando la depuración de los registros sindicales para expectorar a las mafias y delincuentes”, aseveró.

Sostuvo que el secretario general de la CTP, Elias Grijalva, confirmó que los asesinos del periodista Humberto Tasayco, eran dirigentes de esa central aprista, lo cual comprueba que son ciertas sus denuncias sobre la infiltración de las mafias en ese gremio.

SALIERON CON NARCOINDULTOS

“Se confirma que dicha organización alberga delincuentes y organizaciones criminales, muchos de los cuales habrían sido favorecidos por los famosos narcoindultos dados durante el gobierno aprista”, recalcó.

Huamán agregó que el asesinato del periodista por la banda “La Comunidad” afiliada a la CTP aprista “demuestra que la violencia en el sector se ha desbordado a otras actividades económicas, además de atentar contra diversos derechos sociales, como la libertad de expresión”.

Afirmó que también el vicepresidente de dicho gremio, Carlos Roncagliolo Gutiérrez “Colchón”, se encuentra preso por extorsión en Piedras Gordas.

“Debemos recordar, que la banda “La Gran Familia” que lideraba el delincuente “Viejo Paco” tenía como brazo armado al Sindicato Regional de Chiclayo, que también integraba la CTP”, subrayó.

CITA CON MINISTRO

Mario Huamán informó que este viernes (25) los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la CGTP tendrán una segunda reunión con el ministro del Interior, Daniel Urresti en busca de una solución a la violencia en el sector.

La extorsión por parte de los supuestos sindicatos de construcción civil es un costo aceptado por las pequeñas empresas, las grandes compañías constructoras e incluso por el ciudadano común.

Quizás la violencia que azota a Lima no difiera en nada del fenómeno de inseguridad que se enquistó en el resto del país; pero la diferencia está en que, en este caso, y gracias a una investigación que realiza la Policía, se sabe con pelos y señales el reto al que se enfrentan con estas bandas, la manera escandalosa como operan, el poder que ostentan y el terror que imparten.

Gracias a interceptaciones telefónicas, testimonios de víctimas y manifestaciones de detenidos hoy la División de Protección de Obras Civiles (Diproc) cuenta con un grueso expediente, que revela que estos delincuentes ordenan y planean crímenes, controlan el negocio del boom inmobiliario y detallan extorsiones.

CÓDIGO DE PROTECCIÓN

La mayoría de esas pruebas son tan contundentes y escalofriantes que a los criminales no les queda otra que aceptar los cargos. Pese a ello, sin embargo, muchos han sido liberados por fiscales y jueces corruptos.

"Conozco ingenieros y maestros de obras que han sido extorsionados y la cifra varía de acuerdo con el genio del jefe de la banda, y el que no paga se va o lo matan", dijo un empresario que pidió reserva de su nombre. Refirió que el año pasado le enviaron a su casa una carta con una bala.

“Los denunciantes deberíamos tener un código de protección para poder acusar sin temor a estos criminales. En mi caso tengo que salir con agentes de seguridad y a mis hijos los he tenido que enviar a estudiar a provincia”, explicó.

DEL 2 AL 5% DE LA OBRA

El coronel José Saavedra Ballón, jefe de la Diproc, señala que los 'dirigentes' de estos ‘gremios’ cobran cupos para no interrumpir el avance de las construcciones a cambio de un pago que oscila entre el 2 y 5% del costo de la obra en total.

Para marcar su ‘territorio’ y no permitir que otro grupo ataque la misma obra, los delincuentes pegan papeles firmados por las víctimas y los cabecillas en la fachada. De hacer caso omiso a la advertencia, les declaran la guerra.

En muchos casos esta práctica es facilitada por policías corruptos de comisarías que cobran dinero a cambio de protección y colaboran con los mafiosos.

NEGOCIO ACEPTADO

Los extorsionadores pueden cobrar hasta 170 mil dólares por la seguridad en la zona de construcción, o entre 15 y 17 mil dólares al mes.

Cuando los dueños de grandes obras buscan protección policial, les cobran 60 dólares por efectivo pero esto sirve de poco porque los extorsionadores les pueden pagar hasta 1,500 dólares para que no intervengan.

El coronel Saavedra afirma que la Policía se encuentra realizando un mayor control en las obras de construcción en la capital, sin embargo, es una promesa que para los empresarios suena utópica.

“En San Isidro, las autoridades municipales están obligando a implementar cámaras de seguridad en las obras. Es un ejemplo a imitar para poder identificar a los extorsionadores”, señala.

121 BANDAS CRIMINALES

Según el oficial, gracias al trabajo de Inteligencia que realiza la Policía los cabecillas de estas bandas ya fueron identificados en diferentes penales.

Señala que desde el 2010 al 14 de julio de este año, la Diproc ha desarticulado 121 bandas criminales dedicadas al cobro de cupos en el rubro de la construcción.

"Se ha capturado a 104 requisitoriados, hemos intervenido en 1,986 delitos flagrantes y confiscado 103 armas de fuego", sostiene a La República.

Dice que "le estamos pisando los talones a esos seudo dirigentes que trafican en Chilca, Mala y Asia. Esperemos que la fiscalía y el Poder Judicial actúen sin temor y les apliquen todo el peso de la ley".

LIGADO AL TRÁFICO DE TERRENOS

El general (r) PNP Víctor Gandolfo, asesor de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió que algunas municipalidades entregan a los extorsionadores información sobre los proyectos inmobiliarios.

“Su acción se extiende también al sector comercio. Por ello, debemos hacer que las autoridades entiendan la necesidad de combatir este grave problema que crece en la capital”, alertó.

El delito de extorsión está íntimamente ligado al tráfico de tierras. (La República 18/7/2014)

Miles de trabajadores de construcción civil se movilizaron en Lima y a nivel nacional para exigir una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. Esta lucha nos viene costando la vida de diez dirigentes, cobardemente asesinados por estas bandas, muchas de las cuales han obtenido el registro sindical gracias al gobierno aprista.

Por estas razones consideramos que era un despropósito que estos delincuentes fueran incorporados en la Mesa de Diálogo convocada por el Ministerio de Trabajo. Saludamos la rectificación de la autoridad y esperamos que dicha mesa se desactive y convoque a un diálogo más amplio dentro de un Pacto Nacional, donde participen los sectores sociales ajenos a la corrupción, a la impunidad y a la violencia.

Debemos resaltar que en esta lucha contra la delincuencia tenemos puntos coincidentes con los empresarios de la construcción (CAPECO), Sociedad Nacional de Industrias (SIN), organizaciones diversas de la sociedad civil, monseñor Luis Bambarén, etc., con las cuales nos movilizamos el 3 de abril.

Coincidimos también con el Ministro del Interior sobre la necesidad de declarar en emergencia el sector de la construcción, y exigir la depuración de los registros sindicales para expulsar a las mafias y seudosindicatos. Asimismo, respaldamos el proyecto de ley que restringe el uso de armas de fuego en construcción civil.

Saludamos el fortalecimiento de la División de Protección de Obras Civiles, lo cual ayudará en la erradicación de las mafias, además de la realización de una campaña nacional para denunciar a los jueces y fiscales que liberan delincuentes.

En ese sentido, los trabajadores de construcción civil debemos mantenernos firmes en esta lucha contra la delincuencia y no ceder, hasta lograr la eliminación de estas mafias y conquistar la paz y la seguridad ciudadana en el país para todas las familias.

La movilización también se efectuó para defender la vigencia de la negociación colectiva por rama, la cual se encuentra amenazada por ciertos sectores políticos y económicos, que pretenden lograr su eliminación para debilitar a nuestra Federación y perjudicar la economía familiar de los trabajadores de la construcción.

Por otro lado, manifestamos que el gobierno con la modificación de la Ley de Seguridad y Salud la vuelve inaplicable y regala a los empresarios impunidad frente a los accidentes o muertes de trabajadores.

Asimismo, frente al “Paquetazo Económico”, consideramos que dichas medidas están destinadas a brindar ganancias a los empresarios con la eliminación o restricción de derechos sociales. Creemos que la única manera de enfrentar la desaceleración económica es incrementando la remuneración mínima, además de ampliarse el crédito a las Mypes con tasas promocionales, además de dictarse medidas concretas para promover el agro, la construcción y el fortalecimiento de empresas estratégicas, como Enapu y Petroperú. (Diario Uno – Columna de Mario Huamán) 18/7/14

Más de 15 mil trabajadores se reunieron en la Plaza Dos de Mayo para realizar una marcha hacia el Ministerio de Trabajo con el fin de protestar contra  la delincuencia y el crimen organizado que aqueja principalmente al gremio de construcción civil. El contingente conformado principalmente por obreros de dicho gremio, llevó un pliego de demandas para que sean atendidas por el Mintra.

Los sindicatos afiliados a la combativa Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) se movilizaron en todas las regiones del país para exigir la pronta solución del Pliego Nacional 2014-2015 con aumentos salariales dignos y mejores condiciones laborales que actualmente se viene negociando en trato directo con la CAPECO.

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Mario Huamán, denunció que existen unos 72 sindicados paralelos de supuestos obreros de ese sector –agrupados en cinco federaciones– , de los cuales más del 80%, es decir, cerca de 60, se dedica a la extorsión. Señaló que el crimen organizado no solo afecta a los trabajadores, sino también a los empresarios de la construcción.

El secretario de organización de la FTCCP, Luis Villanueva, anunció que el gremio apoyará las medidas que el Ministerio del Interior dicte con respecto a la reducción de seudos sindicatos de construcción civil. “Anteayer tuvimos una reunión con ministro del Interior y ha anunciado algunas medidas concretas y que nosotros las vemos interesantes y que estamos respaldando. Una de ellas es la depuración de los seudos sindicatos” dijo en ‘N Portada’.

Indicó también que apoyarán un proyecto de Ley que pondrá mayores restricciones a las licencias para el uso de armas de fuego, el cual está próximo a enviarse al Congreso de la República para su discusión. “Hay mucha facilidad para que se obtengan licencias para usar armas (…) Muchas de estas armas son las que están siendo usadas para asesinar, amedrentar como se ha podido ver en el operativo que se ha hecho el día domingo en Chincha”, afirmó.

Mario Huamán pidió a la Ministra de Trabajo, Ana Jara, que depure los registros sindicales otorgados durante el gobierno aprista a grupos integrados por delincuentes que se dedican a extorsionar. 

Trabajadores de la CGTP se movilizan contra delincuentes que se infiltran en seudosindicatos para extorsionar.

Los trabajadores de construcción civil se movilizaron ayer en Lima y en otras ciudades, para rechazar a las mafias de construcción civil que operan bajo la cobertura de seudo-sindicatos para extorsionar a empresarios y asesinar a trabajadores.

Los obreros, que llegaron cerca del Ministerio de Trabajo, exigieron la anulación de la licencia para portar armas a los falsos trabajadores y la anulación del registro de los falsos sindicatos, en su gran mayoría reconocidos por el gobierno de Alan García.

Encabezados por el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, salieron con pancartas con las fotografías de sus dirigentes asesinados por las mafias y pidieron la paz en el sector construcción y la desarticulación de las organizaciones criminales. “¡Alto a la violencia y las mafias, solo queremos trabajar!”, decían los trabajadores.

Mario Huamán destacó que la Policía debe enfrentar a los extorsionadores, al sicariato y al crimen organizado que afecta el trabajo y la vida de los trabajadores. “Somos víctimas de estos criminales que ya han asesinado a diez de nuestros compañeros que son nuestros mártires y que siguen amenazando de muerte a nuestros dirigentes”, manifestó.

MEDIDAS
Asimismo, Huamán respaldó que el Ministerio de Trabajo haya anunciado la depuración del registro sindical para separar a los seudosindicatos que infiltran a extorsionadores y sicarios en las obras.

“Respaldamos la reacción del Ejecutivo y el anuncio del ministro Daniel Urresti, quien ha indicado que envió un paquete de medidas legislativas para sancionar y desarmar a los falsos trabajadores que portan armas y las usan para sus fechorías y asesinatos selectivos”, explicó.

Javier Solís, Redacción (Diario Uno, 17/7/2014)

Los trabajadores de construcción civil, apoyados por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Cámara Peruana de la Construcción, marcharán hoy contra la violencia y las organizaciones delictivas que se dedican a las extorsiones y los asesinatos de dirigentes sindicales y de obreros.

Los trabajadores se reunirán en la Plaza Dos de Mayo a la una y media de la tarde para luego movilizarse hacia el Ministerio de Trabajo donde esperan ser recibidos por la titular de Trabajo, Ana Jara.

Los dirigentes de la protesta adelantaron que quieren solicitarle a la ministra una exhaustiva revisión de los registros de seudosindicatos ligados a las mafias de la construcción.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, refirió que esperan que el ministro del Interior, Daniel Urresti, se haga presente en la movilización, en solidaridad de esta lucha contra la violencia en el sector construcción.

“La movilización nacional es para manifestar nuestra lucha frontal contra la delincuencia. Llevamos diez dirigentes asesinados y otros amenazados de muerte por enfrentar a estos criminales, lo que nos obliga a mantenernos en permanente acción para defender a nuestras familias, los puestos de trabajo y el estado de derecho en el país”, aclaró.

Indicó que es muy importante que el Ejecutivo acelere las medidas para declarar en emergencia el sector construcción, para desarticular y desarmar a las mafias y encarcelar a sus cabecillas y sicarios, que según dijo, extorsionan a los empresarios pidiendo entre 3 y 4% del total del presupuesto de la obra, y piden cupos a los obreros, de 60 a 80 soles semanales.

El secretario de Organización de la CGTP, Luis Villanueva, señaló que la marcha pedirá además que la policía brinde protección a los dirigentes amenazados de muerte, entre los que está principal dirigente sindical, Mario Huamán, secretario general de la CGTP.

La misma amenaza pende sobre Buenaventura Vera (Lima), Guillermo Balbuena (Chincha), Armando Inti (Lima), Jorge Zárate (Callao), Wilmer Zegarra (Chiclayo), Juan Orozco (Piura), entre otros.

Villanueva aseguró que los sindicatos de construcción afiliados a la CGTP no portan armas como lo hacen los seudosindicatos ligados a las mafias. Agregó que, de haber en sus filas algún obrero o un mal dirigente cometiendo un acto ilícito, será expulsado y denunciado ante la Policía.

Mario Huamán, por su parte, recalcó que el Ministerio de Trabajo debería poner filtros y anular los registros de los seudosindicatos, cruzar información con la data que manejan las autoridades policiales y “descartar a los prontuariados, reincidentes y toda persona vinculada a la delincuencia”.

El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció ayer la captura de una organización criminal ligada a las mafias de construcción civil llamada “La Gran Familia Chinchana” que extorsionaba a empresarios y que operaba con la cobertura de ser un sindicato del sector.

Sostuvo que la desarticulación de esta banda es fruto de un esfuerzo conjunto de las fuerzas de élite de la Policía que realizaron un operativo el viernes pasado. “Es el fin de una organización criminal, un seudosindicato de construcción civil, que llevaba la extorsión y la muerte a Chincha y sus alrededores”, aseguró.

Indicó que esta mafia se dedicaba desde hace casi seis años al cobro de cupos en obras de construcción civil y a la extorsión en diferentes puntos de la provincia iqueña. También son acusados de cometer los delitos de homicidio, lesiones graves, sicariato y la captación de menores de edad para adiestrarlos en el uso de armas.

Tenían además una empresa de taxis y mototaxis que utilizaban como fachada para realizar asaltos.

En gremio de construcción. CGTP y Ministerio del Interior impulsan ley para desarmar a estas bandas de sicarios.

Todo indica que al fin se impondrá el orden. El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció en Lima una serie de medidas para contrarrestar la violencia criminal desatada en el gremio de construcción civil por delincuentes que se dedican a la extorsión y al sicariato a nivel nacional.

Luego de reunirse con Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y con representantes del Ministerio de Trabajo, Urresti declaró en emergencia dicho sector laboral, a fin de depurar "a los maleantes" que cobran cupos e imponen la contratación de "obreros fantasmas" a las empresas constructoras.

Se buscará acabar con los falsos sindicatos constituidos como organismos de fachada por delincuentes para encubrir sus ilícitas actividades, indicó el ministro.

Actualmente operan 71 grupos de este tipo, cuyos 'dirigentes' lograron registrarlos formalmente aprovechando los vacíos legales que existen en la normativa vigente. 

Elmo Ramos Acosta, condenado por robo y terrorismo, lidera, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil y Afines de La Victoria. Jhonny Oliva Valle, otro ex convicto, está a cargo del Sindicato de Lima Este y Conos. 

En la reunión que Urresti sostuvo con Mario Huamán,  en la que también participó la viceministra de Trabajo, Silvia Cáceres, se acordó que se revaluará la inscripción de dichos gremios y cancelará a aquellos que consignen como miembros a sujetos prontuariados.

También se impulsará la aprobación de un proyecto de ley planteado por el Ejecutivo, que modifica el control de armas, municiones y explosivos.

La mencionada iniciativa incrementa los requisitos a los ciudadanos interesados en gestionar licencias para portar armas de fuego.

"Ya no será un derecho, sino un privilegio que (las personas) tendrán que ganarse", subrayó el titular del Interior. Indicó, además, que se gestiona la aprobación de un decreto supremo que autorice eliminar las licencias obtenidas por los delincuentes infiltrados en el gremio de construcción.

A todo ello se suma la creación de la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles de la PNP, la cual tendrá competencia nacional, a diferencia de la actual División de Protección de Obras Civiles, DIVPROC. (La República)

Así informaron diversos medios de comunicación el día martes 15 acerca de la reunión sostenida entre los representes de los trabajadores del sector de la construcción, representantes de sectores del Gobierno Central y la Capeco, para encarar medidas contra el crimen organizado

  • Urresti dialogó con CGTP y Capeco sobre violencia (La República)

El ministro del Interior, Daniel Urresti, se reunió con el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, y con el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Lelio Balarezo, para dialogar sobre medidas contra la delincuencia dentro del gremio de Construcción Civil.

La cita se realizó en el marco de la convocatoria a una movilización para mañana 16 de julio a las 1:30 de la tarde por parte de la CGTP y construcción civil (FTCCP), quienes denuncian acciones criminales enquistadas en el gremio de construcción evidenciadas con el asesinado de 10 dirigentes en los últimos 10 años.

La reunión fue en privado en la sede del Ministerio del Interior y contó con la presencia de la viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres; y el Director de la Policía Nacional, Jorge Flores, entre otros.

"La delincuencia pretende legitimarse en espacios convocados por el gobierno, además de continuar sus delitos gracias a la corrupción e impunidad que se da en determinados estamentos del Estado e incluso con la permisividad de cierto sector privado", señaló la CGTP en un comunicado.

Días antes, el ministro Urresti informó que el Ejecutivo buscará la creación de la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles, además de presentar un proyecto de ley para penalizar a los portadores de armas del gremio de construcción civil.

  • CGTP respalda esfuerzos de Ministerio del Interior para erradicar violencia en construcción civil (Andina)

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) respaldó al Ministerio del Interior en sus esfuerzos para combatir los crímenes asociados a las obras de construcción civil, como el cobro de cupos, las extorsiones y los asesinatos, informó hoy el titular del sector, Daniel Urresti.

En una reunión que sostuvo con Mario Huamán, secretario general de la CGTP, Urresti afirmó que la central sindical está de acuerdo que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, sobre el control de armas, municiones y explosivos, que permitirá desarmar a los presuntos delincuentes infiltrados en los sindicatos o ´seudosindicatos´ de la construcción civil.

Aseguró, además, que la CGTP saludó la iniciativa de la próxima creación de la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles en la Policía Nacional, que, a diferencia de la actual División de Protección de Obras Civiles (DIVPROC), tendrá competencia nacional.

Urresti dijo que los participantes de la reunión coincidieron en la necesidad de modificar las normas para depurar de los padrones de construcción civil a personas con amplio historial delictivo, de modo que solo queden registrados los verdaderos trabajadores de la construcción.

“Lo que queremos es certificar que cada agremiado trabaje en construcción civil. Esa norma vamos a desarrollarla (con el Ministerio de Trabajo)”, afirmó Urresti en la reunión con los dirigentes de esta organización sindical, junto con la viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro, 

La CGTP, en un comunicado, indicó que a través de diversos campos, como el legal, político, policial y social, lleva a cabo una lucha para "contener y erradicar la violencia delincuencial y colaborar con la seguridad ciudadana".

Miles de trabajadores de construcción civil se movilizarán en las diversas regiones del país con la finalidad de exigir al gobierno medidas eficaces para erradicar la delincuencia y a las organizaciones criminales. En Lima, la concentración se efectuará en la Plaza 2 de Mayo a partir de la 1:30 p.m. para luego dirigirse al Ministerio de Trabajo.

En la marcha han confirmado su presencia los familiares de las víctimas de la violencia criminal, los cuales exigen justicia y celeridad en los procesos para encontrar a los responsables de los asesinatos de sus seres queridos. A nivel nacional, las bases de la Federación de Construcción Civil (FTCCP) se concentrarán en las principales ciudades del país.

También se denunciarán las amenazas de muerte a diversos dirigentes como Buenaventura Vera (Lima), Armando Ynti (Lima), Jorge Zárate (Callao), Wilmer Zegarra (Chiclayo), Juan Orozco (Piura), Salomón Huamán Cárdenas (Ascope-La Libertad), etc. Asimismo, se demandará la captura de los cabecillas de las diversas organizaciones criminales debidamente identificados, gracias a las denuncias de la FTCCP y la CGTP.

Se exigirá el respeto a la negociación colectiva por rama y solución del pliego de reclamos, derecho que permite el incremento de beneficios sociales y económicos a las miles de familias de los obreros de la construcción, además de demandar el respeto a la vida y salud de los trabajadores, debido a la impunidad a la cual accederán los empresarios por las cuestionadas modificaciones que el gobierno ha efectuado a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A estas exigencias, se agregan el aumento de la remuneración mínima, modificación de la ley del impuesto de la quinta categoría y el mejoramiento de EsSalud.

Como actividades previas, nuestras bases vienen efectuando manifestaciones diversas, como la efectuada ayer en el cruce de la Av. Aviación y Javier Prado y otras que desarrollarán antes del 16. Con estas acciones, los trabajadores de la construcción tenemos como objetivo de anunciar nuestras demandas y convocar a la ciudadanía a luchar de manera integral y unitaria contra la violencia y la inseguridad ciudadana.

Por otro lado, saludamos la rectificación del Ministerio de Trabajo y el anuncio de la suspensión de las actividades de la denominada Mesa de Diálogo destinada a encontrar soluciones al problema de la delincuencia. Esto se efectúa luego de nuestra denuncia sobre la presencia de personajes vinculados a la extorsión en el referido espacio.

Hemos expresado a las autoridades del Ministerio de Trabajo, sobre la urgencia de entablar un verdadero diálogo con trabajadores y sin delincuentes con la finalidad de acordar medidas concretas que sancionen a los delincuentes y erradiquen sus organizaciones, aspecto que coincidimos con el sector empresarial y las diversas organizaciones de la sociedad civil, como lo demostramos en la masiva movilización del 3 de abril. (Diario Uno 11/07/2014 – Columna de Mario Huamán)

. Exigimos solución digna a nuestro Pliego 2014 

. Vigencia de la Negociación Colectiva por Rama de Actividad 

. Respeto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

. Lucha frontal contra el paralelismo mafioso 

. Alto al “paquetazo” patronal del gobierno contra los trabajadores 

. No a la privatización de EsSalud.

Ante denuncia de la CGTP sobre inclusión de elementos ligados a mafias que operan en sector construcción, viceministra de Trabajo dice que conversaciones no continuarán hasta que el asunto se aclare. La viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro, dijo a este diario que la mesa de diálogo convocada por su despacho fue suspendida por la protesta de la Confederación General de Trabajadores del Perú en el sentido de que no puede dialogarse con seudodirigentes que estarían vinculados con la violencia en el sector construcción y que fueron incluidos en las conversaciones.

—¿Quién hizo la convocatoria a la mesa de diálogo para erradicar la violencia de la construcción e incluyó a “posibles seudosindicalistas” vinculados a mafias, según denuncia la CGTP?

 —La convocatoria es una iniciativa del viceministerio de Trabajo en virtud del cumplimiento de un conjunto de recomendaciones que emite una comisión multisectorial que empezó su trabajo en el 2012 para dar continuidad a las acciones que promueve el presidente Ollanta Humala contra la delincuencia en el sector construcción en el marco de una política de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

—¿Cuál fue el criterio del Ministerio de Trabajo para convocar al diálogo? Según la CGTP algunos seudodirigentes como Vicente Aponte y Augusto Ramos Dolmos tienen sindicatos que son fachadas de mafias de extorsión…

—Lo que hace el Ministerio de Trabajo, a través de ese viceministerio, es entablar una mesa de diálogo con los dirigentes que están en nuestro registro de organizaciones sindicales, ya que de los procesos de diálogo que promovemos tenemos que identificar a interlocutores. Lo que pedimos es información que hay en los registros y sobre esa base hacemos la convocatoria.

—¿Eso quiere decir que los señores Aponte y Ramos que fueron convocados a la mesa de diálogo están en el registro del ministerio?

—Según los registros del ministerio forman parte de juntas directivas de federaciones.

—¿No se investigaron los antecedentes de quienes en los últimos años fueron detenidos por la Policía por generar violencia y estar involucrados en asaltos y cobrar cupos?

—Nosotros lo que verificamos, cuando se entabla una mesa de diálogo, es la búsqueda de la paz y esto supone buscar a los interlocutores que están involucrados o que pueden ser pasibles de una sanción. Lo que hay que delimitar es cuál es el ámbito del Ministerio de Trabajo y cuál el ámbito de acción de otras entidades públicas llamadas a atender las investigaciones sobre la violencia en construcción como es el caso del Ministerio del Interior, a través de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros como Ministerio de Trabajo no hemos sido informados o notificados de que tengan alguna denuncia penal.

—La Federación de Trabajadores de Construcción Civil, afiliada a la CGTP, ha indicado que no participarán en la mesa de diálogo si no son separados los elementos cuestionados ¿Aceptarán esta exigencia?

—Para que el diálogo se concrete se requiere de voluntad, pero si hay algún actor u organización que no se siente convencida de participar en el proceso de diálogo, nosotros respetamos esa decisión. Sin embargo, nosotros como sector Trabajo, a través del viceministerio, estamos haciendo un análisis de la situación que se ha generado. Lo que hemos evaluado es la suspensión de las conversaciones mientras tanto se esclarezcan algunos hechos.

 —¿Eso quiere decir que se ha suspendido la mesa de diálogo?

 —Se ha suspendido temporalmente la mesa de diálogo.

 MOVILIZACIÓN

 —Los trabajadores de construcción realizarán una movilización este 16 de julio para pedir una mesa de diálogo sin seudodirigentes ligados a mafias, entre otros pedidos…

 —Nosotros tenemos un diálogo franco, abierto y permanente con la CGTP y con la Federación de Construcción que lidera el señor Mario Huamán desde hace mucho tiempo porque son organizaciones reconocidas por este Ministerio. Nos han hecho saber su incomodidad y que no van a participar. Sabemos que tienen una marcha que se ha programado por esta y otras razones. Hemos entablado un diálogo directo con todas las organizaciones y con el señor Huamán para llegar a una solución.

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