Congreso de la República

  • Banderolazo de construcción civil por jubilación con 15 años de aportes

     

    (25/05/2021) Con banderolazos en puentes de la Vía Expresa del Paseo de la República, trabajadores en construcción civil de Lima Metropolitana exigieron la restitución de su derecho a jubilación con 15 años de aportes.

     

    La acción comprendió puentes y paseos peatonales entre el Puente Aramburú en San Isidro y el Puente Angamos en Surquillo, exigiendo al Congreso de la República agendar la discusión de su régimen pensionario.

     

    A inicios de mayo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República publicó un dictamen favorable de los proyectos de ley 4119/2018, 4553/2018 y 7442/2020 que versa sobre el tema.

     

    El derecho a la jubilación con 15 años de aportes en construcción civil se obtuvo en 1982, pero fue derogado por la reforma pensionaria de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, para favorecer a las AFP.

     

    Los trabajadores exigen la restitución de este derecho porque son trabajadores eventuales, laboran por contratos algunos meses durante el año, y por la vejez prematura que ocasiona el trabajo en obras, por lo que muchas veces no pueden trabajar en el rubro a temprana edad.

     

  • Candidatos deben pronunciarse sobre reforma pensionaria

    Los candidatos presidenciales deben priorizar la reforma del sistema pensionario y comprometerse a dotar de una pensión digna a todos los peruanos en edad de jubilación, sin excepción.

    “Han pasado doscientos años de nuestra independencia, pero somos esclavos de un sistema que explota al trabajador, olvida al ser humano y lo desampara cuando más lo necesita”, afirmó Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.

    El dirigente sindical manifestó que no ha visto una postura firme e inclusiva de todos los candidatos presidenciales sobre la jubilación, por lo que los exhortó a priorizar sus propuestas sobre el tema, en momentos en que se discute la reforma pensionaria en el Congreso de la República.

    “El Estado debe garantizar que sus ciudadanos no queden desamparados. Se debe construir un Sistema de Pensiones con administración pública, sostenido con aportes de trabajadores, empresarios y el Estado, como lo señala el Convenio 102 de la OIT, ratificado por el Perú hace sesenta años”, argumentó.

    Asimismo, mencionó la demanda de los trabajadores en construcción civil de la restitución de su derecho a la jubilación con 15 años de aportes y 55 años de edad, derecho conculcado por Alberto Fujimori en los años 90.

    “Construcción civil obtuvo ese derecho por la eventualidad del trabajo y la vejez prematura que ocasiona. Muchos no acumulan 20 años de aportes porque no pueden trabajar por el desgaste físico o no les dan trabajo por su edad, esto en un mercado laboral que supera el 75% de informalidad y donde no se respetan los derechos laborales incluso en las obras formales”, recalcó.

    Villanueva Carbajal señaló que la jubilación digna forma parte de los derechos laborales que deben ser velados por quienes nos gobiernan.

    “Necesitamos una pensión digna para todos. Es lo mínimo que puede pedirse para una República Bicentenaria”, sentenció.

  • Exigimos pensiones para todos en el bicentenario

    Por: Luis Villanueva Carbajal



    Se calcula que fueron más de 10,000 los trabajadores movilizados en Lima desde la Plaza San Martín hacia el Congreso de la República en la Jornada Nacional de Lucha del 5 de noviembre convocada en todo el país por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

    La CGTP ha denunciado la política de pauperización de la clase trabajadora intensificada durante la pandemia con la “suspensión perfecta de labores” y ceses colectivos, y despidos sin lugar a reposición, mantenimiento de regímenes de explotación como el agrario o el CAS, entre otras medidas, así como el despilfarro del erario nacional en programas que no han detenido el avance del covid-19 ni reactivado la economía del país.

    Construcción Civil se movilizó en demanda de la reactivación de la construcción, debido a que solo 86,000 trabajadores de 450,000 están laborando; lucha frontal contra la delincuencia en obras que recurre a la extorsión y el sicariato; alto a la informalidad laboral en construcción, sector donde se vulneran derechos y pagan salarios por debajo de lo que la ley manda, esto incluso en obras públicas licitadas por organismos del Estado y pagadas con el dinero de todos los peruanos.

    Otro punto de nuestra agenda es el restablecimiento de la jubilación con 15 años de aporte y 55 años de edad en construcción civil, derecho conculcado por la dictadura fujimorista. Ese derecho nos fue concedido por la eventualidad del trabajo y el alto envejecimiento prematuro comprobado de los obreros de la construcción civil. Tras los cambios de la dictadura fujimorista en el sistema de pensiones, que exigió 20 años de aportes a todos, solo el 9% de los obreros del sector pudo jubilarse en el sistema público. El sistema privado no ofrece ninguna garantía de una pensión digna.

    Ante ello, meses atrás, hemos expuesto en el Congreso de la República la propuesta de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú para la reforma integral del sistema de pensiones. Esperamos que esta propuesta sea recogida por los parlamentarios de tal manera que para el bicentenario de la República no exista ningún peruano sin pensiones dignas.

  • No a las invasiones, construyamos formalidad

    Las instituciones que suscribimos este pronunciamiento, representantes de los sectores laborales, profesionales y empresariales de la actividad constructora en el país, nos dirigimos al señor presidente de la República, al Congreso Nacional y a la ciudadanía en general para expresar nuestra oposición a la ley recientemente aprobada que dispone la ampliación de los plazos para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. Esta ley es la más reciente expresión de una política de regularización de invasiones de tierras que el Estado peruano ha llevado adelante desde hace seis décadas y que ha fracasado como generadora de bienestar en la población más pobre del país.
    Asimismo, dicha política de regularización tiene graves consecuencias económicas, sociales, ambientales e institucionales en nuestras ciudades, pues impiden la provisión oportuna y económica de servicios básicos; dificultan la conexión vial y la articulación de la ciudad; producen escasez de espacios públicos y áreas verdes; propician la segregación espacial; incrementan la contaminación ambiental y constituyen el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana.
    Además, la prevalencia de estas actividades en nuestro país pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción. Quienes lucran con la informalidad son mafias delincuenciales que han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a las entidades públicas encargadas de combatirlas, pero también han adquirido presencia política sobre todo en los gobiernos locales y regionales y se aprovechan de personas necesitadas de vivienda.
    Como consecuencia de esta política, más del 93% de la expansión producida en nuestras 43 principales ciudades en los últimos veinte años, corresponde al tráfico de tierras o a lotizaciones informales. Este modelo perverso que afecta en mayor medida a los más pobres, debe terminar. Más que combatir la informalidad urbana, es indispensable generar incentivos para construir formalidad.
    Para ello es indispensable poner en marcha una estrategia de desarrollo urbano sostenible que reconozca la diversidad de problemas y oportunidades que plantean nuestras ciudades e incluya tanto la densificación urbana en sus zonas consolidadas como el mejoramiento de barrios marginales y, allí donde sea razonable y necesaria para reducir el tráfico de tierras, la generación de suelo formal en áreas de expansión urbana, asegurándose que en todos estos ámbitos exista una oferta sostenible de vivienda social. Ello exige cuando menos:
    a) Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda social y equipamientos urbanos.
    b) Articular las inversiones en infraestructuras y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.
    c) Impulsar el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.
    d) Fortalecer los programas estatales y créditos habitacionales, dotándolas de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social.
    e) Implementar una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.
    f) Incentivar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.
    Llevar adelante una estrategia de esta magnitud y complejidad exige el consenso de actores públicos y privados, así como la asunción de compromisos de largo plazo. Pero es indispensable que estos esfuerzos se inicien lo más pronto posible. Por eso solicitamos al señor presidente de la República que observe esta Ley y al Poder Legislativo que, en lugar de aprobarla por insistencia, promueva un diálogo abierto que permita perfeccionarla y orientarla hacia los objetivos de transformar nuestras ciudades en competitivas e inclusivas y de impulsar la construcción sostenible.
    Nos comprometemos a participar en este diálogo y a efectuar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el consenso que haga viable estas iniciativas.
    Lima, 12 de octubre del 2020
    Colegio de Arquitectos del Perú – CAP
    Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP
    Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO
     
  • Trabajadores rechazamos paquetazo antilaboral

    La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, está cuestionada por la contratación en su despacho de un exmodelo, sin grado académico registrado en la SUNEDU, por un sueldo bruto de 6300 soles mensuales, de acuerdo a la investigación del portal El Foco.
    Sin embargo, mientras brinda este envidiado puesto de trabajo a un amigo de la universidad, plantea una reducción de derechos laborales a los demás trabajadores peruanos, mediante proyectos de ley que beneficia los intereses de la CONFIEP.
    La poca incidencia del gobierno en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores agudiza la precariedad laboral. En ese sentido, el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de aumentar la remuneración mínima vital de 930 a 1000 soles, es una respuesta tibia a la postura proempresarial de la presidenta del Congreso.
    Debemos decir, con desencanto, que este anuncio sigue el patrón de los anteriores gobiernos: el aumento del salario se utiliza por los presidentes de turno en momentos difíciles y no se acerca en lo mínimo para cubrir la canasta básica familiar, tal como demandan millones de trabajadores. Gran paso fue en su inicio la propuesta del Ministerio de Trabajo que hizo suya en su Agenda 19 las propuestas de la CGTP en materia laboral. Eso debe continuar.
    También saludamos la propuesta de la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, Isabel Cortez, de incluir la hora de refrigerio como parte del horario de trabajo. Es una propuesta interesante, acorde con la realidad de los trabajadores, quienes deben permanecer en el trabajo durante esas horas y que, además, dejan de tres a cinco horas de su vida en el deficiente transporte peruano.
    En este contexto, la CGTP salió nuevamente a las calles el pasado 12 de noviembre en una contundente segunda movilización en rechazo del paquetazo laboral de la Sra. Alva y la CONFIEP, y lo ha hecho durante los días preparativos para su XV Congreso Nacional Ordinario, que se realizará del 16 al 19 de noviembre, lo cual demuestra que mantiene su capacidad de lucha intacta a sus 92 años de fundación. De este congreso, los trabajadores saldremos más fortalecidos y con una agenda de lucha en defensa de los asalariados peruanos.