Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

La VIII Asamblea Nacional de Delegados de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) del 24 de febrero reafirmó su compromiso de luchar por la defensa de la democracia junto al pueblo en protesta y acordó participar activamente en la movilización nacional del 16 de marzo convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales, como primer paso del cambio social y político que exige el país movilizado tras los 65 muertos y más de 1300 heridos en protesta.

A las razones de esta movilización contra la dictadura de corte cívico-militar, se suma la lucha contra la campaña de desinformación y persecución a quienes osan contradecirla.

En ese sentido, nos solidarizamos con el periodista puneño Liubomir Fernández, quien, sobre la muerte de seis militares en el río Ilave ha señalado que no había personas amedrentándolos en ese momento, sino que fallecieron cumpliendo la orden de su capitán, quien inclusive había sido advertido de que había un soldado que no sabía nadar.

La dictadura negará con cinismo la represión policial y militar y toda responsabilidad de muertos y heridos, en una convivencia pacífica con la Fiscalía de la Nación y la mayoría del Congreso de la República que negó el adelanto de elecciones generales y utiliza la crisis para seguir gobernando para los grandes capitales y por sus intereses propios.

Toda dictadura se cree inimputable, pero el tiempo y la movilización social puede cambiarlo todo. Mientras tanto, los trabajadores seguiremos acompañando la protesta del pueblo. Este 16 de marzo nos vemos en las calles.

Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) realizó su VIII Asamblea Nacional de Delegados, con la participaron de cientos de dirigentes de más de 200 sindicatos afiliados en todo el país, quienes han tomado acuerdos en beneficio de la clase trabajadora del sector y el país en general.

En primer lugar, la asamblea acordó la realización de una movilización nacional el 16 de marzo en defensa de la democracia y el fin de la crisis política, vía la renuncia de Dina Boluarte y Alberto Otárola, responsables de crímenes de lesa humanidad.

En el ámbito laboral, los trabajadores acordaron la presentación del Pliego Nacional de Reclamos en Construcción Civil el 4 de abril, en una masiva movilización a nivel nacional, con la participación de nuestros sindicatos en las principales plazas de las regiones de todo el Perú.

Entre los problemas principales recogidos en el Pliego son: el alza del costo de vida y el crimen organizado. Es necesario un incremento del jornal para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, mermados por la inflación. Asimismo, se necesita inversión pública y condiciones para la inversión privada con el fin de generar puestos de trabajo.

Otro de los puntos importantes es el impulso de la lucha contra las mafias del crimen organizado. Es vital, porque existe la amenaza constante de bandas criminales que no solo quieren apoderarse de las obras de construcción, mediante la extorsión y el sicariato, sino que incurren también en tráfico de terrenos, trata de personas, comercialización de drogas, entre otros delitos, constituyéndose en verdaderos consorcios del crimen, a vista y paciencia de nuestras autoridades.

Finalmente, se anunció la realización del XXVIII Congreso Nacional de la FTCCP del 14 al 17 de junio de 2023, con la participación de cientos de dirigentes sindicales, entre nacionales e internacionales, del sector construcción.

Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) realizará este 23 y 24 de febrero su VIII Asamblea Nacional de Delegados, con la participación de 400 dirigentes de sus 200 sindicatos afiliados en todo el país.

La importancia de esta asamblea radica en el contexto histórico en la que se realiza, con un gobierno acusado por crímenes de lesa humanidad, más de 60 muertos y casi 2000 heridos en manifestaciones, criminalización de la protesta y “terruqueo” y la amenaza de encarcelamiento y procesamiento por la justicia a luchadores sociales que ejercen su derecho a la protesta contra lo que consideran un gobierno usurpador y traidor a la causa del pueblo.

Junto a ello, estamos viendo otras formas de represión, como la declaratoria de intangibilidad del casco histórico de Lima, donde se encuentra la CGTP y las plazas Dos de Mayo, San Martín y Bolognesi, entre otros puntos de encuentro de los luchadores sociales, trabajadores y la ciudadanía movilizada.

Este contexto de crisis es aprovechado por las bandas del crimen organizado, pues la represión policial amenaza a los manifestantes, pero deja las urbes en manos de la delincuencia, quienes continúan sembrando la sensación de inseguridad y zozobra en la gente.

La captura, procesamiento y sentencia de las mafias del crimen organizado es necesaria, pero también es importante que el Ministerio de Trabajo anule los registros sindicales de seudosindicatos que comprobadamente tienen vínculos con la delincuencia.

En este contexto, el alza del costo de vida amenaza con precarizar aún más la situación de los trabajadores, especialmente los de construcción civil, por lo que se hace necesario exigir reactivación de las obras y el aumento de salarios para recuperar su poder adquisitivo mermado por la inflación.

Sabemos que en dictadura y democracia hemos tenido que luchar para acceder a nuevos derechos, y esta vez no es la excepción. La AND tiene como reto unir las demandas de los trabajadores y el pueblo en un solo puño.