La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, está cuestionada por la contratación en su despacho de un exmodelo, sin grado académico registrado en la SUNEDU, por un sueldo bruto de 6300 soles mensuales, de acuerdo a la investigación del portal El Foco.
Sin embargo, mientras brinda este envidiado puesto de trabajo a un amigo de la universidad, plantea una reducción de derechos laborales a los demás trabajadores peruanos, mediante proyectos de ley que beneficia los intereses de la CONFIEP.
La poca incidencia del gobierno en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores agudiza la precariedad laboral. En ese sentido, el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de aumentar la remuneración mínima vital de 930 a 1000 soles, es una respuesta tibia a la postura proempresarial de la presidenta del Congreso.
Debemos decir, con desencanto, que este anuncio sigue el patrón de los anteriores gobiernos: el aumento del salario se utiliza por los presidentes de turno en momentos difíciles y no se acerca en lo mínimo para cubrir la canasta básica familiar, tal como demandan millones de trabajadores. Gran paso fue en su inicio la propuesta del Ministerio de Trabajo que hizo suya en su Agenda 19 las propuestas de la CGTP en materia laboral. Eso debe continuar.
También saludamos la propuesta de la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, Isabel Cortez, de incluir la hora de refrigerio como parte del horario de trabajo. Es una propuesta interesante, acorde con la realidad de los trabajadores, quienes deben permanecer en el trabajo durante esas horas y que, además, dejan de tres a cinco horas de su vida en el deficiente transporte peruano.
En este contexto, la CGTP salió nuevamente a las calles el pasado 12 de noviembre en una contundente segunda movilización en rechazo del paquetazo laboral de la Sra. Alva y la CONFIEP, y lo ha hecho durante los días preparativos para su XV Congreso Nacional Ordinario, que se realizará del 16 al 19 de noviembre, lo cual demuestra que mantiene su capacidad de lucha intacta a sus 92 años de fundación. De este congreso, los trabajadores saldremos más fortalecidos y con una agenda de lucha en defensa de los asalariados peruanos.

Los trabajadores organizados se movilizarán este 12 de noviembre, convocados por la CGTP, contra los seis proyectos de ley de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que plantea, en síntesis, reducir derechos laborales a los trabajadores para generar ganancias fáciles a los empresarios. Sobre ello nos habla el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, quien, además, informó que su sector está organizando también una movilización próxima contra la inseguridad ciudadana, la violencia, la extorsión y el sicariato.

-¿Cómo afecta a los trabajadores los proyectos de ley presentados por la presidenta del Congreso?

-Quieren licuar la CTS y las gratificaciones en el salario mensual, desnaturalizando la razón de ser de estos derechos, que es brindar mayor capacidad de gasto en Fiestas Patrias y Navidad y tener un ahorro para tiempos de desempleo. Se quiere aumentar el trabajo part time, pero sin mayor salario; se quiere facilitar el despido masivo como se hizo en pandemia, pero esta vez de una manera regular, y facilitar los contratos temporales para eliminar la estabilidad laboral. Y así, generar trabajadores baratos y descartables, en la misma lógica de la Ley Pulpín y la política del cholo barato. Ya en el siglo XXI los empresarios deberían erradicar la estrategia de generar ganancias metiéndole mano al bolsillo de los trabajadores. Es inhumano querer condenar a las actuales y futuras generaciones al empobrecimiento constante. Además, una reforma laboral que no toma en cuenta la opinión de los trabajadores es ilegítima. Durante décadas, los grandes empresarios, amparados en la Constitución de 1993, han cercenado los derechos laborales. Eso debe cambiar.

-Pero ha habido reactivación económica y ha crecido el empleo. En construcción civil se ha llegado a niveles superiores que antes de la pandemia.

-Es un avance en un contexto de pandemia, pero debemos recordar que antes de la pandemia tampoco estábamos bien. Solo en construcción civil existen cientos de miles de obreros desempleados o en la informalidad. Además, existen obreros trabajando en obras formales licitadas incluso por el Estado, pero impagos o con salarios recortados, sin seguridad ni salud en el trabajo, entre otros problemas, porque el Estado brinda las licitaciones, pero no le hace seguimiento al cumplimiento de los derechos laborales en las obras que contrata. Es decir, existe precariedad laboral por algunos empresarios infractores de la ley. Y eso también debe cambiar.

-¿Cuáles son las demandas que plantearon al Gobierno y aún no son atendidas?

-Planteadas a todos los gobiernos: erradicación de la violencia en obras de construcción civil, anular los registros sindicales a seudosindicatos de construcción vinculados con las mafias, restitución del derecho de jubilación con 15 años de aportes y 55 años de edad en construcción civil, fiscalización a las empresas contratadas por los organismos gubernamentales para que cumplan con la tabla salarial, entre otros. Por otro lado, la inseguridad ciudadana es un problema que nos toca a todos. Todos los días hay asaltos, asesinatos, extorsión, y más en construcción civil, y ni la policía, el Ministerio del Interior, las alcaldías, los gobiernos regionales y provinciales, el serenazgo, nadie hace algo para detener esta ola de crímenes. Por ello, el 30 de noviembre los trabajadores realizaremos también una movilización contra la violencia y la inseguridad ciudadana que todos sufrimos.

(Tomado de Diario UNO)

Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

La Contraloría General de la República ha anunciado que existen más de 18 mil 360 millones de soles de inversión en 2445 obras de construcción civil paralizadas en todo el Perú.

Los números solo pertenecen al rubro de obras por contratación, falta incluir las obras por administración directa, que, de acuerdo al contralor Nelson Shack, no abarca el Decreto de Urgencia 008-2019 en el que basa su informe.

Este DU establece que por obra pública paralizada se entiende “aquella contratada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50%”. Es decir, estos números no contemplarían obras con menos de 50% de avance físico, lo que significaría un universo mayor de obras paralizadas.

Es cierto que la construcción se está reactivando. De hecho, la inversión pública se incrementó en 29% en los tres meses de gobierno de Pedro Castillo, en comparación al mismo periodo de 2020, pero los anunciados cientos de millones para proyectos gubernamentales no son nada en comparación a los miles millones de inversión congelada por no poder “destrabar” las obras.

La Contraloría también emite noticias permanentes sobre los perjuicios económicos de algunas obras, que, por negligencia o corrupción, los peruanos estamos pagando demás.

Sin embargo, en las obras no solo intervienen números contables, sino también obreros de construcción, a quienes se les afecta con el incumplimiento de sus salarios y derechos laborales de parte de algunos empresarios negligentes y tramposos, a lo que se suma la violencia generada por bandas delincuenciales que quieren lucrar mediante la extorsión.

Por otro lado, en un contexto de pandemia, con alto desempleo e inseguridad ciudadana, precarizar las condiciones laborales como propone la presidenta del Congreso de la República “para dinamizar” el mercado laboral es deleznable.

Por eso, los obreros de la construcción participamos en la jornada de lucha convocada por la CGTP el 27 de octubre contra los proyectos de ley presentados por la presidenta del Congreso, que proponen, entre otras estratagemas, reducciones de salario, aumento de horas de trabajo e inestabilidad laboral.

Los trabajadores de la construcción demandamos una Nueva Ley de Contratación de Obras Públicas para evitar la corrupción, paralización y abandono de obras; asimismo, que se “destraben” las obras, pero sin corrupción; lucha permanente contra la violencia de las mafias y respeto de los derechos del régimen de construcción civil, entre ellos la tabla salarial vigente.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú publicó la Cartilla de Derechos Laborales del Régimen de Construcción Civil que incluye los nuevos derechos obtenidos mediante el Convenio Colectivo 2021-2022 del Sector Construcción.


La cartilla contiene las tablas salariales vigentes en construcción civil con los aumentos respectivos fijados mediante el Acta Final de Negociación Colectiva entre la FTCCP y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que fue publicado por el Ministerio de Trabajo en la sección Normas Legales del diario oficial El Peruano mediante la Resolución Ministerial N.° 183-2021-TR.


Este año, la FTCCP logró un aumento salarial en el jornal básico del operario, oficial y peón por S/ 2.5, S/ 1.90 y S/ 1.70, que representa aumentos de 3.48%, 3.36% y 3.35%, respectivamente, superior a la inflación de 2.77% registrada entre mayo de 2020 y 2021, periodo de negociación.


De esta manera, los nuevos jornales básicos son de S/ 74.30, S/ 58.45 y S/ 52.50, respectivamente. Como el aumento al jornal básico (diario) tiene incidencia directa en otros derechos laborales, el incremento monetario real es mayor.


Asimismo, la FTCCP elevó la bonificación por alta especialización (BAE) para el soldador homologado - 6G comprendido en el grupo de Operarios Electromecánicos, de 15% a 18% sobre su jornal básico.


La Cartilla puede descargarse del siguiente link:
Cartilla de Derechos Laborales en Construcción Civil 2021-2022

Por: Luis Villanueva

La derecha no descansa en su objetivo de convertir el gobierno de Pedro Castillo en un símil del humalismo. Atacaron al gabinete, cobrándose el cargo de Héctor Béjar, entonces ministro de Relaciones Exteriores, y ahora a Guido Bellido y varios de sus ministros. Van por la cabeza de Castillo.

Las expresiones políticas del Ejecutivo y el Legislativo deben dejar de lado sus intereses de grupo y ponerse a disposición del pueblo; sobre todo en pandemia. El reclamo de la población a las autoridades y tiendas políticas es de “unidad” para sacar adelante el país.

El gabinete debe continuar con la Agenda 19 del Ministerio de Trabajo, que recogió las demandas de la CGTP; así como el cambio de la Constitución neoliberal de Fujimori y Montesinos, entre otras promesas de campaña. Los trabajadores votamos por el cambio y la unidad, y nos mantenemos en esa línea.

También exigimos que quienes nos gobiernan no paralicen la economía, entretenidos en el reajuste del ajedrez político, sino que aseguren la inversión pública y privada, y eviten el paquetazo laboral que la derecha cocina en el Congreso, en coordinación con la CONFIEP.

En el ámbito de la construcción, demandamos más obras para generar más trabajo, y así continuar con la reactivación de la economía de más de un millón de familias del sector construcción, donde se encuentran medio millón de obreros registrados en el RETCC del Ministerio de Trabajo.

CAPECO señala que a fines de 2021 el PBI de construcción civil habrá contribuido con el 12,7% del PBI nacional si las predicciones del BCR se cumplen, y para ello es necesario que las autoridades gobiernen.

En este contexto celebraremos el Día de los Trabajadores en Construcción Civil (25 de octubre), día no laborable del régimen de construcción civil, pero con goce de salario, por Ley 24324. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) realizará el acto de celebración el 22 de octubre (11.30 a.m.), en el local obrero de La Victoria, con dirigentes políticos y sociales, trabajadores y representantes del sector.

En este día, los obreros insistiremos en la reactivación económica, jubilación con 15 años de aportes y 55 años de edad en construcción civil, lucha contra la violencia de las mafias en obras, y un gobierno de cambio y unidad, entre otras demandas que defendimos y defenderemos al calor de la lucha política en las calles.

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